lunes, 19 de noviembre de 2007

Chile asiste a Conferencia Ministerial de la Comunidad de Democracias

La Comunidad de Democracias es una coalición de países cuyo objetivo es promover los principios democráticos y consolidar sus instituciones en el mundo, y por primera vez se llevó a cabo en un país africano.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, participó esta semana en la IV Conferencia Ministerial de la Comunidad de Democracias, en Bamako, encuentro que por primera vez se llevó a cabo en el continente africano y que en esta oportunidad abordó el tema "Democracia, Desarrollo y Lucha contra la Pobreza".

Van Klaveren señaló en la apertura de la conferencia que con su presencia en esta cita, Chile reafirma el lugar central que ocupan la democracia, los derechos humanos y el desarrollo social en su política exterior.

Asimismo, destaco que "estamos convencidos de que la democracia es la mejor forma de gobierno para avanzar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, así como sus derechos civiles y políticos" y expreso que Chile favorecía el concepto de compromiso constructivo en la cooperación regional y global para la promoción de la democracia en el mundo.

Finalmente, hizo un llamado a los países miembros de la Comunidad de Democracias a reforzar sus esfuerzos en los próximos años para lograr una mayor equidad entre y dentro de las naciones.

Durante la Conferencia se realizaron mesas redondas sobre temas claves para la democracia, tales como la reducción de la pobreza, que fue presidido por Chile, el rol de la sociedad civil, y la creación y fortalecimiento de las instituciones. Además, se discutió el rol de los organismos regionales en el fortalecimiento de la democracia.

La Comunidad de Democracias es una coalición de países cuyo objetivo es promover los principios democráticos y consolidar sus instituciones en el mundo.

Chile, al igual que Benin, Cabo Verde, la República de Corea, la República Checa, Estados Unidos, Filipinas, India, Italia, Marruecos, México, Mongolia, El Salvador, Polonia y Portugal, es miembro del grupo convocante. La conferencia ministerial anterior tuvo lugar en Santiago de Chile el año 2005.
Tomado de EL MOSTRADOR
IMPORTANTE: El material publicado en este blog ha sido tomado de medios de prensa de libre circulación en Chile, cuyo crédito se menciona en el despacho.Su contenido no representa la postura de Amnistía Internacional.

viernes, 16 de noviembre de 2007

Algo que agregar respecto a DESC

¿Qué son los DESC?

Los Derechos Eonómicos, Sociales y Culturales, abreviados como DESC, corresponden a los derechos relacionados con la identidad cultural, la protección a la familia, el trabajo en condiciones dignas, el derecho de todas las personas sin distinción a un nivel de vida adecuado, y el acceso a la educación, la cultura y los beneficios de la tecnología.




¿Qué relación tienen con la Declaración Universal de Derechos Humanos?


Tras la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la comisión de Derechos Humanos de la ONU comenzó a redactar dos pactos internacionales:



  1. El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y

  2. El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estos tratados dotaron de carácter jurídico vinculante a los derechos proclamados en la Declaración.



SI HAY UNA SOLA DECLARACIÓN ¿POR QUÉ EXISTEN DOS PACTOS?



La divisón entre ambos pactos es algo artificial. Los filósofos de la Ilustración, quienes establecieron las bases para la Declaración de Derechos Humanos, habían enfatizado las "libertades clásicas", es decir, los derechos del hombre, el que necesitaba ser protegido contra un potencial Estado pernicioso. En 1966 la guerra fría estaba en su apogeo. Occidente estaba inclinado a apoyar los Derechos Civiles y Políticos a fin de enfrentar las prácticas totalitaria de Estado del bloque comunista, mientras que los estados comunistas estaban interesados en los derechos económicos y sociales. Así, los DESC llegaron a ser sujetos de la dialéctica Este-Oeste, la cual retrasó su desarrollo por más de 20 años. Es cierto que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigencia en 1976, pero tomó 10 años más, hasta la distensión entre Este y Oeste y el fin de la Guerra Fría, poner el énfasis desde Occidente sobre la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos y sobre la equivalente importancia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.



¿Cuándo se concibió el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales?



El pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entró en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.



¿Qué relación tiene el estado chileno con el pacto internacional de desc?



El estado de Chile ratificó el pacto en mayo de 1989.



¿A qué comprometen los estados que ratifican el pacto internacional de DESC?



Los estados partes se comprometen a promover y proteger una amplia serie de derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos relativos al trabajo en condiciones justas y favorables, a la protección social, a un nivel de vida adecuado, al máximo nivel de salud física y mental alcanzable, a la educación y al disfrute de los beneficios de la libertad cultural y del progreso científico. El pacto obliga a los estados partes a respetar y garantizar a su juridicción de todos los derechos enunciados en él, sin discriminación.



¿Cuál es el contenido del pacto internacional de DESC?



Entre los temas más importantes tratados en el pacto se encuentran:




  • La igualdad de derechos para los hombres y las mujeres

  • La protección y asistencia a la familia

  • El derecho a trabajar en condiciones justas y favorables

  • El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

  • El derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos

  • El derecho a la seguridad social y al seguro social

  • El derecho a un nivel de vida adecuado

  • El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental

  • El derecho a la educación

  • El derecho a la cultura

  • El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico


Amnistía internacional-Chile está trabajando en DESC a través del estudio del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

jueves, 8 de noviembre de 2007

Violaciones de derechos en Chile

Noviembre de 2007
El Mostrador

Chile ha experimentado, luego de 1990, un notable mejoramiento en la vigencia de los derechos a la vida, integridad física y libertad personal; producto del fin del terrorismo de Estado aplicado por la dictadura.
Sin embargo, en estos 17 años se ha mantenido una grave y sistemática violación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto se ha debido a que los gobiernos de la Concertación han consolidado las principales instituciones políticas, económicas y sociales que el régimen militar dejó en herencia.
De este modo, la propia Constitución del 80 –si bien ha experimentado algunas reformas liberalizadoras- se ha mantenido vigente, con varios de sus elementos autoritarios y neoliberales esenciales. Es más, con la suscripción que de ella hizo el ex presidente Lagos en 2005, la Concertación la hizo suya en términos oficiales.
Lo mismo puede decirse del conjunto de la legislación que la dictadura impuso en la década de los 80, destinado a refundar la sociedad chilena en los marcos de un neoliberalismo extremo, y que la Concertación se ha contentado con hacerle pequeños retoques, en la medida que ha contado con el consenso de la derecha.
Así tenemos una grave violación de los derechos políticos de la sociedad chilena, con el antidemocrático sistema electoral binominal -¡único en el mundo!- que distorsiona significativamente la representación del pueblo en el Congreso, a favor de la derecha minoritaria.
Por otro lado, vemos que Chile sufre –de acuerdo a las mediciones de los organismos internacionales especializados- una de las distribuciones del ingreso más desiguales e injustas del mundo; con lo que se vulneran los derechos económicos, sociales y culturales de la generalidad de la población.
Asimismo, la mercantilización de los servicios de salud, educación y seguridad social destruyen la propia noción de derechos humanos en esos ámbitos. Y se traduce en el notable encarecimiento de ellos para una minoría; o en la provisión de una mala calidad de ellos, por parte del Estado, para la mayoría.
Igualmente, las legislaciones y prácticas severamente restrictivas de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, hacen que los derechos específicos de los trabajadores se vean también gravemente violados.
Para que hablar de los pueblos indígenas, que ni siquiera gozan de un reconocimiento constitucional ni, menos aún, de las disposiciones que establece el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Y que –pese a algunas leyes y políticas desarrolladas en su favor desde 1990- continúan sufriendo una especial situación de miseria, represión y discriminación; como lo han constatado en diversos informes el Relator Especial de la ONU en la materia, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Los derechos civiles se ven también fuertemente vulnerados, producto de leyes y políticas destinados a favorecer a los “poderes fácticos” de la sociedad chilena; o como atávicas herencias del pasado. Así, el derecho a la justicia está gravemente violado por la mantención del aberrante decreto-ley de autoamnistía de 1978 (¡pese a los compromisos programáticos de la Concertación y a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció su anulación hace ya más de un año!) y por la igualmente aberrante ley aprobada en 2004 que establece una virtual impunidad judicial, moral y administrativa a favor de los victimarios de tortura denunciados ante la Comisión Valech; en la medida que los ampara con un secreto de 50 años y con la inconstitucional prohibición para que el Poder Judicial tenga acceso al conocimiento de sus delitos.
A su vez, el derecho a la libre información y expresión se ve también gravemente vulnerado en la práctica por una concentración de la propiedad de medios de comunicación que, quizá con la sola excepción de Cuba, es la mayor de América Latina. De tal manera, que se ha llegado en esta materia a una situación mucho peor que la de los últimos años de la dictadura. Y con políticas de destrucción efectivas de casi todos los diarios y revistas de centroizquierda, a través del bloqueo de aportes financieros externos; de la discriminación del avisaje estatal; y de la negativa a devolver periódicos confiscados por la dictadura; todo lo que ha sido denunciado –sin ser desmentidos- por varios Premios Nacionales de Periodismo.
El derecho a la libertad de reunión en lugares públicos se ve también seriamente afectado en la medida que su reglamentación deja su aplicación entregada a la total discrecionalidad de las autoridades gubernamentales. Asimismo –y sin ánimo de ser exhaustivo- el derecho a la libre asociación, respecto a las organizaciones sin fines de lucro, queda completamente supeditado a los gobiernos de turno. Estos, de acuerdo a disposiciones legales vigentes desde el siglo XIX, deben autorizar su existencia y aprobar sus estatutos; ¡y pueden disolverlas si, a su juicio, atentan contra la seguridad del Estado o dejan de corresponder al objeto de su institución
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Felipe Portales. Sociólogo

Este material ha sido tomado de un medio de prensa de libre circulación en Chile, cuyo crédito se menciona en el despacho.
Su contenido no representa la postura de
Amnistía Internacional.

miércoles, 7 de noviembre de 2007

¿QUIERES HACER ALGO POR LOS DESC?

Tu puedes participar en la campaña mundial de Amnistía Internacional para promover los derechos económicos, sociales y culturales.


También puedes escribir a la siguiente dirección: Amnistía Internacional, Huelén 164 Segundo piso, Providencia- Santiago de Chile.

::¿Derechos Económicos, Sociales y Culturales?::

Miles de millones de mujeres, hombres, niños y niñas sufren un nivel de privación que desvirtúa su derecho a vivir con dignidad. Y, sin embargo nunca ha habido más riqueza en el mundo. El hambre, la falta de vivienda y las enfermedades prevenibles no son problemas sociales inevitables ni la mera consecuencia de desastres naturales: son una vergüenza para los derechos humanos.

Incluso en los países ricos hay personas que no tienen acceso a la educación, la atención médica y la vivienda. Los gobiernos aducen con frecuencia falta de recursos, pero de hecho hay muchas personas que sufren una discriminación sistemática, y las que están en los márgenes de las sociedad a menudo son completamente pasadas por alto.

La comunidad internacional se ha mantenido al margen mientras los gobiernos hacían caso omiso de los derechos humanos de millones de personas. Las instituciones financieras internacionales han impuesto a los países condiciones que han provocado una reducción del acceso de los sectores pobres a la educación y la atención médica. Entretanto, los proyectos de desarrollo a gran escala han causado un problema generalizado de falta de vivienda.

Los gobiernos de muchos países no regulan a las empresas para garantizar que cumplan sus responsabilidades de derechos humanos, y permiten que la contaminación ambiental y la explotación extrema continúen sin control.

Las violaciones de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no son una cuestión de recursos inadecuados, sino de políticas.


¿Qué son los derechos económicos, sociales y culturales?

Todos los seres humanos deben gozar de ciertos derechos básicos. Además de los derechos civiles y políticos, como el derecho a no ser torturado, entre estos derechos básicos hay derechos económicos, sociales y culturales tales como:
  • Los derechos en el trabajo, en concreto el derecho a unas condiciones de empleo justas y quitativas, a gozar de protección contra el trabajo forzado u obligatorio, y a formar sindicatos y afiliarse a ellos;

  • El derecho a la educación, que supone garantizar que la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria y que la educación es accesible, aceptable y adaptada al individuo;

  • La promoción y protección de los derechos culturales, en particular los de minorías y pueblos indígenas;


  • El derecho a la salud, es decir, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, incluido el derecho a unas condiciones de vida saludables y a las igualdad de acceso a la atención médica;

  • El derecho a una vivienda adecuada, que incluye la protección frente al desalojo forzoso y el acceso a una vivienda asequible, habitable y culturalmente adecuada;



  • El derecho a la alimentación, que supone el derecho a no pasar hambre y a tener acceso en todo momento a la alimentación adecuada o los medios para obtenerla;



  • El derecho al agua, es decir, el derecho a contar con agua suficiente, a precio acequible, físicamente accesible, segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos.

¿Quién es el responsable?

Los estados (los gobiernos nacionales) son los primeros responsables de hacer de los derechos humanos una realidad. Los gobiernos deben respetar los derechos humanos de las personas, es decir, no deben violarlos. Deben proteger esos derechos humanos, garantizando que otras personas u organismos no cometen abusos contra ellos. Y deben satisfacerlos haciéndolos realidad en la práctica.

Los gobiernos tienen recursos muy diferentes. El derecho internacional admite el hecho de que la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales sólo pueda lograrse progresivamente con el tiempo. Sin embargo, la obligación de los gobiernos de respetar y proteger estos derechos y de garantizar que no hay discriminación es inmediata. La falta de recursos no es excusa.

Aunque los gobiernos pueden necesitar tiempo para hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales, esto no implica que no puedan hacer nada. Deben tomar medidas para satisfacerlos. Como primer paso, deben dar prioridad a las "obligaciones mínimas" o nivel esencial mínimo de cada uno de los derechos. En lo que se refiere al derecho a la educación, por ejemplo, las obligaciones mínimas incluyen el derecho a una educación primaria gratuita. Los gobiernos no deben discriminar en sus leyes, políticas o prácticas y deben dar prioridad a los más vulnerables al asignar recursos.

Cuando actúan más allá de sus fronteras, los Estados también tienen la obligación de respetar, proteger y satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales. Esta obligación se extiende las medidas que toman a través de organizaciones intergubernamentales, como el Banco Mundial. Como señala la Declaración Universal de Derechos Humanos "tanto los individuos como las instituciones" tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. Las empresas desempeñan un papel cada vez más importante en la realización o negación de los derechos humanos. Amnistía Internacional está comprometida con la labor de hacer que las empresas rindan cuentas en los casos en que sus acciones tienen como consecuencia violaciones de derechos humanos.



::::AMNISTÍA INTERNACIONAL SE UNE A LOS ACTIVISTAS EN FAVOR DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES::::


Durante más de 40 años, Amnistía Internacional ha movilizado a millones de personas de todo el mundo y se ha adaptado para abordar los temas de derechos humanos más acuciantes y actuales. Hoy en día hay muchos más presos de la pobreza que presos de conciencia, y millones de personas soportan la tortura del hambre y la muerte lenta por enfermedades prevenibles.

La membresía de Amnistía Internacional se une a comunidades y activistas locales de todo el mundo en su campaña a favor de los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos son indivisibles: para garantizar la protección de la dignidad humana debemos hacer campaña a fin de asegurar todos los derechos humanos para todas las personas.







lunes, 5 de noviembre de 2007

Música y Derechos Humanos: Grupo Reverb

En el marco de la "Primavera de Derechos Humanos" Amnistía Internacional invita a un ciclo de conciertos, cada lunes de Noviembre.Tema: Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario y Derechos Economicos, Sociales y Culturales.

Entrada: $ 1.500